Agencia Reforma
Ciudad de México 17 septiembre 2026.- La elección judicial de 2025 provocó la pérdida de casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar, afirmó el senador Javier Corral.
Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el presidente de esa comisión vinculó esa reducción con el proyecto de aplazar nuevamente la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
«Y, sin duda, en el proceso que tiene que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que, como ustedes saben, pues, en el mediano plazo tiene el proyecto de volverse a posponer su entrada en vigor, entre otros casos o entre otras circunstancias, porque la elección judicial del 25 nos ha hecho perder a casi el 60 por 100 de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso», señaló.
Corral sostuvo que el convenio con el Inacipe debe ir más allá de un acto protocolario y servir para que las opiniones de especialistas tengan consecuencias en la deliberación legislativa.
«Un convenio de estos a veces parece que son cuestiones como de trámite o sólo para ocupar el espacio mediático de un evento protocolario, pero nosotros queremos fundar en este acto un acto que nos compromete a ambos, porque luego el Senado de la República escucha pero no le hace caso a nadie», expresó.
El senador señaló que la Comisión de Justicia busca desarrollar procesos de deliberación que comprometan al Senado a considerar las opiniones de expertos y especialistas.
«Lo que nosotros necesitamos empezar a experimentar son procesos de deliberación que nos comprometan, porque escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes se escucha, sobre todo si son expertos, especialistas», agregó.
Corral también se refirió a la discusión de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y, en particular, a la figura de los llamados jueces sin rostro.
De acuerdo con su intervención, tras las discusiones sobre esa propuesta se formuló un planteamiento al Poder Ejecutivo para detener la iniciativa o, al menos, esa figura, y aprovechar el proceso para realizar una reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Penales.