Agencia Reforma
Ciudad de México 25 junio 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que revisará la legislación sobre inteligencia artificial aprobada en San Luis Potosí, tras las denuncias de periodistas y organizaciones civiles de que podría utilizarse para restringir la libertad de expresión.
Durante la mañanera, sostuvo que, aunque no conoce a detalle el contenido de la norma, ninguna legislación puede vulnerar ese derecho y consideró que la regulación de la inteligencia artificial debe discutirse a nivel nacional.
«Pues vamos a revisarla. Vamos a revisarla. No conozco con detalle esta ley en San Luis Potosí, pero por supuesto lo revisamos. Nada puede ir en contra de la libertad de expresión», afirmó.
«Lo que hay que hacer de manera conjunta y con una discusión nacional es la regulación de la inteligencia artificial y particularmente cuando tiene que ver con noticias falsas. Por lo menos tiene que haber muy visible el anuncio de que es realizado con inteligencia artificial, pero es algo que se tiene que discutir y eso no puede ir en contra de los principios del derecho a la información y la libertad de expresión».
En conferencia, la Mandataria fue cuestionada sobre la denominada «Ley Serrano», que ha derivado en denuncias contra periodistas, directores de medios, creadores de contenido y ciudadanos, además de órdenes de aprehensión y detenciones de comunicadores en esa entidad.
La reforma al Código Penal de San Luis Potosí fue aprobada en noviembre de 2025 para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial.
Dicha norma castiga con penas de hasta seis años de prisión la creación o difusión de contenidos generados con IA que simulen la identidad de una persona sin su consentimiento o que, a juicio de la autoridad, provoquen alarma social o afecten la confianza en las instituciones.
La legislación ha sido criticada por organizaciones como por Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, que sostienen que los tipos penales son ambiguos y pueden utilizarse para inhibir el trabajo periodístico.
La polémica se intensificó después de que dos periodistas fueron procesadas penalmente y otros comunicadores quedaron sujetos a investigaciones.
Esta semana, periodistas y activistas irrumpieron en el Congreso local para exigir la derogación de la norma, pero los diputados aplazaron la discusión hasta septiembre.