Agencia Reforma
Ciudad de México, 7 agosto 2026.- Dos ex funcionarias de Guerrero, ambas de edad avanzada, son las «personas colaboradoras» que declararon contra el ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, detenido ayer por el supuesto ocultamiento o destrucción de videos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes cercanas al caso informaron que se trata de Lambertina Galeana Marín, ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal, quien apenas la semana pasada obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, como parte de un proceso en el que, precisamente, se la acusa de colaborar en la desaparición de los videos, captados por dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La otra testigo es Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex Subprocuradora de Justicia del estado, quien fue detenida en marzo pasado luego de un cateo a su departamento, en el que fueron asegurados cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas de «medicamentos controlados». El cateo fue parte de la investigación del caso Ayotzinapa.
Las fuentes informaron que ambas ex funcionarias habrían pactado un criterio de oportunidad con la FGR, como parte de una carpeta de investigación distinta a la que generó su detención.
Se trata de mujeres de edad avanzada. Galeana Marín, de 81 años, estaba recluida desde mayo de 2025 penal femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, pero la semana pasada fue trasladada a su casa en Chilpancingo.
Estrada Ortega tiene 73 años, mientras que la persona con la que fue detenida durante el cateo, Margarita Anguiano Castro, tiene 83 años. Una jueza del Reclusorio Norte las vinculó a proceso por los cartuchos y las armas, y pese a que acreditaron varios problemas de salud, rechazó su petición de prisión domiciliaria, enviándolas al penal femenil de Tepepan.
La FGR cateó el departamento de Estrada en la Colonia Jardín Balbuena por un testimonio que la relaciona con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, que habrían captado el momento en que el autobús que trasladaba a los normalistas fue detenido por policías locales.
Enfrenta primera audiencia
Ángel Aguirre Rivero enfrentará este viernes su primera audiencia ante un juez federal por las nuevas acusaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, diligencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá revelar formalmente los hechos y datos con los que pretende procesar al ex Gobernador de Guerrero.
La audiencia inicial -preliminarmente programada a las 10:00 horas- será el primer encuentro de Aguirre con el juez de control después de su captura y traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
De acuerdo a la Agenda de audiencias del Centro de Justicia, a esa hora está fijada la audiencia inicial con causa penal 291/2026, aunque oficialmente no se dado a conocer si se trata el caso de Aguirre.
Tampoco se ha informado si será pública o privada.
En esta diligencia, el Ministerio Público Federal formulará la imputación, es decir, deberá comunicar al ex Mandatario qué hechos concretos le atribuye, cuándo y cómo habrían ocurrido, cuál es la clasificación jurídica preliminar de los delitos y qué forma de participación le adjudica.
La audiencia inicial constituye la puerta de entrada al proceso penal y puede desarrollarse en una o dos sesiones, dependiendo de la decisión que adopte el acusado respecto del plazo constitucional para resolver su situación jurídica.
Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez formulada la imputación, Aguirre tendrá derecho a declarar o guardar silencio y su defensa podrá solicitar aclaraciones sobre los señalamientos presentados por la Fiscalía.
Posteriormente, la FGR solicitará al juez la vinculación a proceso y deberá exponer los datos de prueba con los que pretende demostrar, en esta etapa preliminar, que ocurrió un hecho considerado delito y que existe probabilidad de que Aguirre participó en él.
La defensa podrá responder a los argumentos del Ministerio Público y presentar los datos de prueba que considere pertinentes.
Sin embargo, la situación jurídica del ex Gobernador no necesariamente será definida hoy.
El Código Nacional de Procedimientos Penales permite al imputado solicitar que el juez resuelva la vinculación dentro del plazo constitucional de 72 horas o pedir su duplicidad, con lo que la decisión puede extenderse hasta 144 horas.
Si Aguirre o sus abogados recurren a esa posibilidad, el juez deberá fijar una segunda sesión para continuar la audiencia inicial y resolver si lo vincula o no a proceso.
Mientras transcurre ese plazo deberá resolverse también la petición de medidas cautelares que formule la Fiscalía.
Entre esas medidas puede encontrarse la prisión preventiva, por lo que uno de los primeros debates relevantes será determinar bajo qué condiciones Aguirre enfrentará el procedimiento mientras se resuelve su situación jurídica.
En caso de que el juez encuentre elementos suficientes para vincularlo, establecerá los hechos por los cuales continuará formalmente el procedimiento y fijará un plazo para la investigación complementaria.
Si determina que los datos presentados por la Fiscalía son insuficientes, podrá dictar un auto de no vinculación a proceso, sin que ello necesariamente impida que el Ministerio Público continúe investigando y, en determinadas condiciones, vuelva a proceder.