La reciente iniciativa presentada en el Senado para reinstaurar por ley el ascenso y descenso en el futbol mexicano expone una seria miopía legislativa. Al pretender resolver mediante reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte una mecánica de competencia, el Congreso tropieza con la naturaleza jurídica de la Liga MX. El balompié de máximo circuito dejó de responder al mérito deportivo tradicional para abrazar el modelo norteamericano de franquicias cerradas, donde la prioridad es el espectáculo y la protección del capital. Pretender obligar a una liga privada a abrir sus puertas sin considerar sus estatutos corporativos es ignorar que el cambio de sistema responde a una reestructuración financiera legítima de sus afiliados.
El primer gran nudo jurídico radica en la autonomía reglamentaria de los clubes. La eliminación del descenso fue la respuesta directiva para blindar inversiones millonarias y exigir estándares de infraestructura, auditorías y control de daños que eviten la infiltración de capitales de dudosa procedencia en la división de plata. Los clubes descendidos históricamente carecían de la estructura operativa y económica que el nuevo modelo exige. La Liga MX no tiene una obligación comercial ni legal de arriesgar la estabilidad de sus socios para dar paso a entidades que no garantizan la viabilidad financiera que exige el mercado actual.
Sin embargo, el reduccionismo más severo de la propuesta legislativa no está en la cancha, sino en la representatividad. El verdadero monopolio no lo ejerce la Liga MX, sobre la Liga de Expansión, sino la Federación Mexicana de Futbol sobre la identidad deportiva del país. La FMF opera como el único ente certificado ante la FIFA y el Comité Olímpico Internacional para ostentar la representación nacional. Bajo la figura de una Asociación Civil «sin fines de lucro», una cúpula privada administra en exclusiva la camiseta ‘Verde’, convirtiendo un símbolo de identidad patria en una maquinaria de facturación masiva en dólares.
Mientras los senadores se distraen debatiendo el vaivén de la pelota en la mesa y buscan aplausos de la tribuna, la estructura corporativa del negocio permanece intocable. Legislar sobre el ascensor sin cuestionar la concesión privada del orgullo nacional es quedarse en la superficie de un problema complejo. Al final, la política parlamentaria se empeña en cambiar las reglas de un juego cuya cancha, balón y taquilla ya pertenecen a dueños privados que no tienen la menor intención de ceder el control.