Ciudad de México 8 octubre 2026.- Un ex tesorero del Gobierno de Michoacán, identificado como Luis «N», fue detenido junto con su esposa, dos hijos y un escolta por presuntamente integrar una red de extorsión que utilizaba inteligencia artificial para imitar las voces de altos funcionarios públicos, entre ellos ministros y gobernadores, y obtener dinero de sus víctimas.
Fuentes locales indicaron que el ex funcionario detenido sería Luis Miranda Contreras, quien estuvo al frente de las finanzas de Michoacán durante la administración del Gobernador priista Fausto Vallejo Figueroa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los cinco fueron capturados en una operación coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Los detenidos fueron identificados como Luis «N»; su esposa, Liliana «N»; sus hijos, Luis Samuel «N» y Aimee de Guadalupe «N», así como Agustín Arturo «N», quien se desempeñaba como escolta.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo se hacía pasar por servidores públicos de diferentes dependencias y utilizaba herramientas de inteligencia artificial para reproducir voces, simular comunicaciones oficiales y generar confianza entre sus víctimas.
Entre las identidades que presuntamente suplantaban se encontraban ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de la Presidencia de la República.
La red operaba al menos desde 2021 y tenía como centro de actividades un inmueble del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México.
Según las indagatorias, los presuntos extorsionadores obtenían los números telefónicos de sus víctimas y establecían un primer contacto haciéndose pasar por secretarios particulares de funcionarios de alto nivel.
Posteriormente, otra persona realizaba llamadas en las que simulaba ser el servidor público y solicitaba apoyos económicos, contrataciones de servicios o la incorporación de determinadas personas a puestos de trabajo.
Para fortalecer el engaño, los involucrados habrían utilizado tecnología de inteligencia artificial capaz de imitar voces y hacer creer a sus interlocutores que estaban conversando con autoridades.
Las investigaciones también señalaron que los presuntos integrantes de la organización exigían pagos en efectivo y que algunas operaciones bancarias se realizaban mediante una empresa de arquitectura y construcción vinculada con una de las hijas del ex funcionario.
Como resultado de las indagatorias, elementos de la SSPC y de la Fiscalía mexiquense ejecutaron un cateo en el inmueble de Metepec, donde aseguraron 19 dispositivos móviles, tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas y vehículos de alta gama.
El Gabinete de Seguridad federal informó que los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.
La resolución judicial fue dictada el 6 de octubre, cuando la autoridad les impuso prisión preventiva justificada y ordenó su internamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.
La SSPC señaló que Luis «N» había ocupado los cargos de Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, y que contaba con antecedentes por peculado e inhabilitación para desempeñar funciones públicas.
Miranda Contreras ocupó la Secretaría de Finanzas y Administración de febrero de 2012 a marzo de 2013, periodo que coincidió con el señalado por las autoridades federales en la identificación de Luis «N».
Su nombre también apareció en investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante aquella administración.
El 20 de octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán ejecutó una orden de aprehensión contra Miranda Contreras por el delito de peculado, relacionado con pagos por 26 millones 680 mil pesos a dos proveedores que no habrían prestado los servicios contratados.
De acuerdo con la investigación ministerial, entre marzo y agosto de 2012 se realizaron dos pagos: uno por 15 millones 80 mil pesos y otro por 11 millones 600 mil pesos, por supuestos servicios de asesoría contable, gestión administrativa y financiera.
La Procuraduría estatal sostuvo que los servicios no fueron prestados, pese a que los recursos fueron entregados.
Tras su captura, Miranda Contreras obtuvo la libertad provisional mediante una garantía y continuó su proceso fuera de prisión.
En marzo de 2018, la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán revocó el auto de formal prisión dictado en su contra, al considerar que no existían elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso por peculado.
Los antecedentes corresponden a una investigación distinta de la que ahora desarrollaron las autoridades federales y mexiquenses por extorsión, se indicó.