Walter Olivera Valladares / @WalterOliverav
En medio de la euforia mundialista bajar el switch a millones de mexicanos que se resisten a vincular sus líneas telefónicas es un riesgo que vale la pena calcular. Las propias compañías del sector advierten sobre el impacto económico, pero el tamaño de la alerta supera una simple caída del mercado, hablamos de prácticamente paralizar al país.
Las repercusiones se extienden a decenas de actividades financieras y productivas e incluso dañarán el acceso a aplicaciones de control médico y a trámites gubernamentales por lo que las autoridades en turno también deben evaluar el costo social y político.
El alcance de los dispositivos móviles, en el día a día, está directamente relacionado con el transporte, comercio electrónico, transacciones bancarias, educación en línea, servicios de entrega, consultas de salud, navegación o tránsito asistido, autenticaciones y gestiones administrativas, por mencionar los obvios.
Debemos cuestionar también cómo afectará a los beneficiarios de los programas sociales de gobierno, los pagos a instituciones como el Infonavit y la Comisión Federal de Electricidad –por ejemplo– que tendrían que efectuarse directamente en los bancos o cajeros, lo que nos lleva a prever su colapso en pocas horas, rebasados por el papeleo presencial, retrocederíamos a problemáticas de hace 30 años.
Para cuando escribimos esto, se “baraja” seriamente la posibilidad de una prórroga de 120 días (que de hecho está prevista en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión) aún cuando el gobierno federal había anunciado como inamovible el plazo del 30 de junio para que más de 150 millones de ciudadanos cumpla el requisito legal de registrar sus líneas móviles vinculadas a la CURP respectiva.
De ese universo, la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estima que apenas el 42% (61 millones de usuarios) ya están vinculados, la mayoría de ellos con líneas de pospago. Pero 83 millones que usan el servicio de prepago prefieren no hacerlo o esperar al último minuto.
La administración federal parece subestimar la categórica desconfianza que prevalece en la mayoría de los mexicanos, que siguen pendientes de asociar sus números telefónicos. La meta de la CRT era un millón de vinculaciones diarias en el período del 9 de enero al 19 de junio del presente año.
Las cifras quedaron muy por debajo. Las telefónicas reportaron empadronamientos de poco más de 372 mil números por día. Lo que nos trae a la situación actual en la que millones de personas en el país prefieren la desconexión masiva antes que ceder sus datos personales.
El argumento de que el registro ayuda a combatir el delito de extorsión ha caído en el descrédito frente a riesgos tales como el robo de identidad, vulneración de la privacidad, filtraciones de información personal, fallas en el sistema para desvincular números
desconocidos o fraudulentos, problemáticas que ya ocurren y son los principales factores de sospecha, alarma, incredulidad y miedo.
También hay un éxodo creciente hacia líneas extranjeras. Las tres principales corporaciones en México, Telcel, AT&T y Movistar, reportan cancelaciones de servicios por clientes que decidieron mudarse a telefónicas de Estados Unidos.
Así las cosas y puestos en modo mundialista, bien valdría la pena patear este balón hacia otros meses, nuevos plazos… ¿O porque no? Hacia el olvido.