Agencia Reforma
Chilpancingo, Guerrero 20 marzo 2026.- Un juez federal notificó al activista Ubaldo Segura Pantoja, de 74 años, quien se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, que está acusado por el delito de secuestro en agravio de cinco supuestos periodistas de Guerrero en 2014.
La defensa denunció que se trata de una acción injusta contra un luchador social y criticó que haya sido enviado a una cárcel de alta seguridad como un delincuente peligroso y lejos de su familia, pese a su edad y estado de salud.
Rogelio Teliz García, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y defensor de Segura, dijo que el juez otorgó seis días para presentar pruebas a favor del activista, quien fue detenido el pasado miércoles en su domicilio en Tlapa por agentes de la Policía Ministerial Federal de la FGR.
«Lo que hizo el gobierno es injusto porque Ubaldo es un luchador social y además se lo llevan a un penal de máxima seguridad en Veracruz para que no lo pueda ver su familia», indicó.
El juez del distrito 10, con sede en Chilpancingo, notificó vía Zoom a Segura de los hechos por los que fue denunciado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADL) de la FGR.
De acuerdo con la denuncia, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y del Frente Popular de la Montaña (FPM) retuvieron a un grupo de personas, entre ellas varios periodistas, que iban a recibir un premio en un salón ubicado en el centro de Tlapa el 14 de diciembre de 2014.
El evento de premiación era patrocinado por autoridades locales.
Ubaldo Segura, quien era uno de los líderes del FPM, participó en esa protesta para exigir al Gobierno la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Afuera del juzgado federal estuvieron María López y Zoraida Segura, esposa e hija de Ubaldo, así como otros familiares.
Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, acusó que el gobierno de Morena mantiene el mismo modus operandi que el PRI al detener a luchadores sociales y encarcelarlos en penales de máxima seguridad, lejos de sus familias.
Los líderes del FPM y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) exigieron la liberación de Ubaldo y su traslado a Guerrero para que enfrente su proceso judicial en la entidad.