Por Edgar Hernández*
@LíneaCaliente
La asunción del nuevo auditor de la ASF, Aureliano Hernández Palacios y su última declaración de ir a fondo en la revisión de las cuentas públicas, saca de nuevo al escenario mediático el subejercicio de 5 mil 561 millones de pesos en la Universidad Veracruzana.
El Rector, Martín Aguilar, aprovechando la relación de su esposa con su amiga, Beatriz Gutiérrez Muller, para lograr una reelección espuria, se confió en que el Año de Hidalgo no lo incluía y que la justicia no lo alcanzaría.
No es así.
El pasado domingo el nuevo titular de la ASF ratificó que no asume en el cargo “para cumplir con nadie” y llamó a los funcionarios a sumarse a los principios que guiarán su gestión.
El Auditor Superior consideró como primer principio que “la corrupción, en los lugares donde todavía existe, es inaceptable “.
Su postura dio pie a que saliera de nuevo a colación la pregunta ¿Dónde están los 5,561 millones sub ejercidos por la Universidad Veracruzana?
Para el acreditado analista, doctor Rafael Vela Martínez la llegada de Hernández Palacios a la ASF puede marcar un punto de inflexión en la fiscalización del gasto público en México.
“Pero en Veracruz y, particularmente en la vida institucional de la Universidad Veracruzana (UV) el significado político de este nombramiento podría ser aún mayor, ya que abre la posibilidad de esclarecer el destino del subejercicio multimillonario señalado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS)”.
Para el acreditado catedrático del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) la llegada de Hernández Palacios ocurre en un momento particularmente delicado para la UV, que enfrenta crisis de legalidad por la prórroga que la Junta de Gobierno otorgó al Rector Martín Aguilar.
Y es que, de acuerdo con los Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021, 2022, 2023 y 2024 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), la Universidad Veracruzana registró subejercicios presupuestales acumulados por 5 mil 258 millones de pesos durante ese periodo.
Ello, colocado en otro contexto equivale «a más de 110 mil becas universitarias de $50,000 pesos anuales; a la construcción de 55–70 edificios universitarios modernos (estimando entre 80 y 100 millones por edificio); financiar 5,000 proyectos de investigación científica de un millón de pesos cada uno; duplicar durante varios años el presupuesto de infraestructura universitaria» sostiene el catedrático Vela Martínez.
¿Dónde terminó ese dinero? ¿Dónde los mil 600 millones entregados a la UV en 2021; dónde los mil 200 correspondientes a 2022? ¿De verdad, se ejercieron con legalidad y a cabalidad los mil 845 millones entregados en 2023 o los casi 2 mil millones en 2024?
La UV bajo el mando de Martín apesta.
No vaya a ser que no los ejerció o que los ejerció parcialmente de acuerdo al mandato de AMLO para sumarlos, vía subejercicio, a la gran bolsa de la SHCP o que el gobierno del atarantado Cuitláhuac García los destinó a campañas electorales.
Consideremos que el subejercicio presupuestal no es un simple error administrativo.
“Cuando una institución devuelve recursos millonarios al final del ejercicio fiscal, se genera una zona gris financiera que exige una explicación pública clara. En el ambiente universitario veracruzano se ha instalado una hipótesis inquietante: que ese subejercicio podría haber servido para financiar intereses políticos externos a la universidad”, apunta Rafael Vela.
Y ello no es un señalamiento menor.
Si recursos destinados a la educación pública terminaron fortaleciendo a grupos políticos, estaríamos frente a una de las desviaciones más graves del presupuesto universitario en la historia reciente de Veracruz.
¿A todo ello que dice el oscuro Martín Aguilar?
¡Nada!
Y muy seguramente, como sucedió en el pasado accidente de los graduados de la Facultad de Derecho en donde nadie sabe de culpable alguno tras la lesión provocada por las gradas en mal estado que al ocuparse para la fotografía de graduación se vino abajo.
Lo que, sin embargo, es seguro es que inevitablemente emerge el caso de la UV en el horizonte de la ASF.
Por el monto y por el silencio se impone una auditoría federal rigurosa que esclarezca el destino de miles de millones de pesos que no se ejercieron en la universidad.
Se impone una investigación a fondo.
Ello habrá de representar la posibilidad de que finalmente se sepa qué ocurrió con esos recursos. «Y, si es necesario, que se deslinden responsabilidades, pues aquí está presente el delito de daño al patrimonio universitario. Si esos recursos fueron desviados hacia proyectos políticos, la sociedad tiene derecho a saberlo. Y la universidad tiene la obligación de explicarlo”. concluye Rafael Vela.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo