Ciudad de México 15 julio 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) admitió este miércoles que identificó a Mauro Alberto «N», alias «El Jando», como el piloto que trasladó a Ismael «El Mayo» Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos hasta junio de 2026, casi un año después de haberlo entregado a autoridades estadounidenses.
La FGR informó que el presunto integrante del Cártel de Sinaloa fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, y enviado a Estados Unidos en agosto de ese mismo año junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, durante la gestión del entonces Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
Al momento de su captura, agregó la FGR, Mauro Alberto «N» se identificó con un nombre falso, aunque posteriormente peritajes permitieron establecer su verdadera identidad.
La Fiscalía señaló que fue hasta junio de 2026, ya con la nueva titular de la institución, cuando una revisión de las carpetas de investigación permitió encontrar coincidencias de voz y huellas dactilares que lo vincularon con el vuelo en el que fueron trasladados Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López de Culiacán a Estados Unidos.
«En junio de 2026, la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael ‘N’ y Joaquín ‘N’, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos», señaló la institución.
Con ese hallazgo, la FGR estableció la presunta participación de «El Jando» en uno de los episodios centrales del caso Zambada después de que el presunto operador ya había sido entregado a Estados Unidos.
La institución recordó que Mauro Alberto «N» fue vinculado a proceso por diversos delitos y era considerado un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa con riesgo para la seguridad nacional.
También indicó que, durante los interrogatorios practicados antes de su entrega, negó pertenecer a la organización criminal.
La FGR sostuvo que la entrega a Estados Unidos no extingue las investigaciones abiertas en México y que conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos de prueba, además de que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.