Los recientes problemas legales que enfrentan los dueños del certamen internacional Miss Universo, han provocado que Puerto Rico detenga su apoyo
CDMX.- En las últimas semanas, lo que debería ser pura emoción por preparar Miss Universo 2026 se convirtió en un culebrón de escándalos que tiene preocupada a la industria del entretenimiento y a las autoridades internacionales.
Por un lado, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, uno de los copropietarios de la Organización Miss Universo, está en medio de una investigación penal en México que lo vincula a presuntos delitos como tráfico de armas, drogas y combustible, según reportes judiciales y confirmaciones oficiales.
Al mismo tiempo, Anne Jakrajutatip, su socia y también copropietaria del certamen, fue sentenciada a dos años de prisión en Tailandia por fraude relacionado con operaciones financieras de su empresa, y se desconoce su paradero en medio de la instrucción judicial.
Esta mezcla de problemas legales generó una reacción inmediata por parte del gobierno de Puerto Rico, que hasta hace poco había sido anunciado como sede oficial del Miss Universo 2026. Según autoridades locales, se suspendió el apoyo institucional y financiero al evento -incluyendo un compromiso de al menos 1.5 millones de dólares- ante la falta de claridad sobre quién está al frente del certamen y cómo se estarían manejando los recursos.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha pedido informes detallados sobre la estructura interna del concurso, los responsables ejecutivos y las cláusulas de uso de fondos públicos antes de reafirmar su respaldo.
El resultado es un panorama de incertidumbre total: algo que hace meses era una fiesta de glamour y preparación para coronas internacionales ahora se parece más a un thriller legal que podría cambiar los planes de uno de los eventos más vistos del año.
Mientras tanto, aficionados, participantes y socios esperan respuesta sobre si Puerto Rico seguirá como sede o si el certamen deberá buscar otro lugar, en medio de una organización marcada por acusaciones, órdenes de captura y procesos judiciales en varios países