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Staff

Reforma

Ciudad de México 22 julio 2025.- Aunque B-Drive It fue señalada de irregularidades y favoritismo del gobierno federal desde diciembre del 2022, la empresa sigue recibiendo contratos millonarios.

Drive It y su filial Engine Core, consorcios de tecnología y proveedoras del gobierno, tuvieron un explosivo crecimiento en el Gobierno de AMLO, luego de que una ex funcionara federal se integró a la empresa y recibió cerca de 60 contratos por casi 2 mil 800 millones de pesos.

En aquel año se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y se ordenó una revisión de las empresas y los contratos recibidos. Además se presentó una denuncia ante la FGR.

Sin embargo B-Drive It obtuvo más contratos, como uno otorgado en este año por parte de Banobras.

Originalmente el contrato otorgado concluía el pasado mes de enero, pero un nuevo contrato modificatorio en este año, amplió los servicios hasta el 31 de diciembre de 2025.

En este año Drive It ha firmado 17 contratos por un monto de 51 millones 771 mil pesos. En 2024, firmó 21 contratos por un monto total de 59 millones 180 mil pesos; y en 2023 tuvo cinco contratos por 13 millones 922 mil pesos.

El incremento de los contratos coincidió con el nombramiento en agosto del 2020 de Claudia Elena Pérez García, ex funcionaria de la Presidencia reclutada como apoderada de B-Drive It.

Pérez García trabajó durante 11 meses como Subdirectora de Área en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia, subordinada de Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre sus funciones estaban las licitaciones y adjudicaciones de contratos en la Presidencia, según reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La Ley General de Responsabilidades Administrativas estipula que los funcionarios públicos deben esperar al menos un año antes de poder trabajar para empresas a las que hayan beneficiado con información privilegiada desde su cargo. La incorporación de Pérez García antes de cumplirse ese plazo evidenció dudas sobre la legalidad y relación entre la ex funcionaria y la compañía.

Por enportada

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